Reforma Constitucional es un capricho: Rubén Guajardo Barrera, diputado local PAN

La Reforma Constitucional, es un capricho del gobierno de la República Mexicana porque quiere extender la presencia de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública en el país, para tapar su fracasada estrategia de seguridad, en tanto quiere afectar a gobernadores y alcaldes, consideró el diputado local del segundo distrito del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera.

No engañan a nadie señalando que México está en llamas, lo que quieren es controlar la constitucionalidad sobre la Reforma Constitucional, generando graves problemas de orden jurídico para México.

“Durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa solicitaron la militarización de las calles pero nunca se subió a Rango constitucional, como legislador no tengo ningún problema en que se utilice el ejército mexicano para mejorar la seguridad pública, pero las autoridades nacionales detrás de esta reforma no saben explicar el objetivo de esta finalidad y además deja muchas dudas “.

Lo que quieren es que las fuerzas armadas trabajen como policías hasta el año 2028, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha resuelto que las fuerzas armadas deben intervenir en tareas de seguridad pública sólo en situaciones extraordinarias pero el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las quiere sacar a las calles por una década bajo pretextos oscuros.

Así también quieren quitarle obligaciones de seguridad al ejército, está reforma militariza las calles, no regula a las autoridades castrenses y no define los mecanismos qué se deben utilizar para usar la fuerza pública.

Las fuerzas armadas sólo deben ser complementarias a las autoridades civiles y deben actuar cuando sea necesario y no dicen nada sobre quién auditará a la milicia mexicana.

“En el Partido Acción Nacional, estamos de acuerdo en que el Ejército Mexicano esté desplegado en todo el país para proteger la seguridad, sobre todo en atención de los hechos de violencia extrema como la permanencia del Crimen Organizado, pero ahora quieren que los Estados sean los que enfrenten a las células criminales, con el poco armamento y presupuesto que tienen, pero debe ser la fuerza federal la que atienda el fenómeno organizado y no los gobernadores y alcaldes como los quieren responsabilizar”.

Con esta reforma el Gobierno Federal está desprotegido a las fuerzas armadas porque las está mandando a violar la Constitución y busca echarle la culpa del fracaso de su estrategia de seguridad a quienes dan la vida por proteger a los mexicanos.