Regular Anexos para evitar riesgos: Rubén Guajardo Barrera, diputado local PAN

Mientras que los Alcohólicos Anónimos son transparentes y afirman contar con 14 mil 500 grupos a nivel nacional, de los cuales existen 197 en San Luis Potosí; los que no rinden cuentas de ningún tipo son los que se encargan de los Anexos, pues no hay censos de ellos a nivel nacional, aunque se sabe que aquí hay al menos 40 espacios de este tipo, mismos que requieren urgente regulación para evitar riesgos de inseguridad.

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del segundo distrito por el Partido Acción Nacional, PAN, refirió que busca una reforma integral que ayude a que los Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones, conocidos comúnmente como Anexos, se legalicen y operen conforme a la Ley.

La idea es reformar los artículos 34 al 42 de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adiciones en materia de Centros de Tratamiento y Rehabilitación, se propone que la autorización solo pueda ser otorgada a favor de personas morales, lo que reviste mayor seriedad y formalidad en quienes pretendan prestar ese servicio.

“Se dispone un procedimiento ordenado en donde la intervención de autoridades como Protección Civil, puedan constatar antes de iniciar operaciones, que se cuenta con instalaciones que puedan ofrecer seguridad para las y los usuarios de esos centros. Que las autorizaciones deben contar con vigencia y condiciones para su renovación. Además que exista la obligación de que cuenten con su reglamento, mismo que ha de cumplir con los extremos de la Norma Oficial Mexicana, NOM”.

Propone que sea obligación de los centros, rendir informes mensuales ante la Secretaría de Salud y al Consejo Estatal Contra las Adicciones, de tal forma que cuenten con la información suficiente para dar seguimiento a su actuación, y en su caso implementar acciones de prevención de accidentes en esos sitios.

Adicionalmente se pone en la mesa que en el artículo 62 de la Ley del Sistema de Protección Civil, se disponga de manera puntal, que las coordinaciones de Protección Civil tanto Estatal como Municipales, lleven verificaciones de las condiciones de seguridad de las instalaciones de los centros para el tratamiento y rehabilitación de adicciones.

“Es tarea fundamental de este Poder Legislativo, que las autoridades cuenten con las herramientas legislativas que les permitan conducir la política de rehabilitación y control de adiciones, evitando en lo posible que sucedan hechos que dañan la integridad de quienes han de acudir a los centros de tratamiento en busca de una vida nueva”.