San Luis Potosí, no sale de la lista de inseguros y con pésima percepción ciudadana: Rubén Guajardo, diputado local PAN
San Luis Potosí se enlista entre los 50 municipios más violentos del país y la ciudadanía sigue percibiéndose intranquila en las diversas actividades que realiza en el Estado, según los datos de la recientemente publicada Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSU, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, información que fue cuestionada por el diputado del segundo distrito local del Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, al secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Guzmar Ángel González Castillo, en la comparecencia que hizo para defender la glosa del Segundo Informe de Actividades.
“La seguridad en 50 municipios, incluido San Luis Potosí, ha fracasado, ha quedado a deber la estrategia que se implementó en el sexenio de Enrique Peña Nieto como en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esto último incluso aseverado, por Álvaro Vizcaino, ex secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, y quien actualmente es asesor en materia de seguridad del presidente municipal de San Luis Potosí, Francisco Enrique Galindo Ceballos, sin embargo, el Secretario de Seguridad Pública, ha presumido a los medios de comunicación en diferentes ocasiones, que la entidad es un lugar completamente seguro y tranquilo”.
Al igual, el funcionario ha dicho que se han disminuido los delitos como el secuestro, el feminicidio, la extorsión, la trata de personas y el robo a casa habitación, por eso el legislador panista, le cuestionó cuáles son los motivos y razones en que se fundamentan esas afirmaciones, sobre todo cuando se nos volvió a catapultar, entre las ciudades más violentas de la nación y por si fuera poco, nos siguen diciendo que 8 de cada 10 potosinos se sienten intranquilos de andar por las calles del territorio potosino.
También lo cuestionó sobre la eficacia de las detenciones, cuántas personas han sido vinculadas y sentenciadas, así mismo criticó el hecho de que se haya fugado un recluso del Centro de Reinserción Social de Tamazunchale el pasado mes de julio y sólo se hayan aplicado acciones menores contra los responsables.
