Fortaleciendo la investigación de delitos.

Se realizó la declaratoria de validez de la reforma al artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, luego de obtener el respaldo de la mayoría de los ayuntamientos que integran el Constituyente Permanente, con lo que se fortalece el marco jurídico en materia de seguridad pública.

La modificación constitucional armoniza la legislación estatal con la reforma federal en la materia y amplía las facultades de investigación de delitos del fuero común, al incorporar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y las policías municipales, las cuales podrán participar en estas tareas bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

El diputado local del quinto distrito, por el Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo Barrera, impulsor de este tema, explicó que la reforma establece con claridad que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público y a las corporaciones de seguridad, cada una dentro de sus respectivas competencias, siempre bajo la dirección de la autoridad ministerial.

Asimismo, se mantiene como facultad exclusiva del Ministerio Público la persecución de los delitos ante los tribunales, además de solicitar medidas cautelares, reunir y presentar pruebas, procurar el adecuado desarrollo de los procesos penales y solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes.

La reforma contempló la creación de un Servicio Profesional de Carrera para el personal de la Fiscalía General del Estado, FGE, con el propósito de regular los procesos de ingreso, permanencia, ascenso, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, mérito, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Otro de los cambios establece que el Fiscal General del Estado deberá presentar un informe anual de actividades a los poderes Legislativo y Ejecutivo durante la primera quincena de noviembre de cada año, con excepción del último año de su gestión, cuando deberá entregarlo en octubre. Además, podrá ser llamado a comparecer ante el Congreso del Estado para la glosa del informe.

En los artículos transitorios se establece que las autoridades estatales y municipales contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias para armonizar sus disposiciones con la reforma constitucional.

La implementación de las nuevas facultades será gradual. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal comenzarán a ejercer funciones de investigación a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales asumirán estas atribuciones a partir del 1 de enero de 2028.