“El presupuesto participativo es que la gente pueda decidir dónde, cómo y en qué gastar una parte del presupuesto”. La intención es que los vecinos de cada colonia o comunidad puedan priorizar las obras que consideran más urgentes, generando así un mayor impacto en la calidad de vida de las familias. Este modelo ya opera en estados como Nuevo León y Ciudad de México.
Otro tema de su agenda de trabajo, tiene que ver con la transformación urbana que vive la zona metropolitana de San Luis Potosí. Según explicó, es necesario actualizar la legislación en torno a los condominios, cuya última versión data de 2004-2005 y, a pesar de algunas reformas, ya no responde a las necesidades actuales.
“Hoy muchas de las construcciones son condominios, y esto está generando muchas problemáticas para la convivencia”. Al crecer la ciudad y extenderse hacia zonas como Villa de Pozos o Soledad de Graciano Sánchez, la regulación en temas de convivencia, mantenimiento y responsabilidades comunes se vuelve urgente.
Buscará presentar una ley que facilite la vida en este tipo de desarrollos urbanos, priorizando, una vez más, la armonía en las familias que viven en comunidad.
En el tema de la seguridad pública, propone armonizar las leyes locales para permitir que los cuerpos de seguridad preventiva, como la Guardia Civil Estatal y las policías municipales, puedan colaborar con la Fiscalía General del Estado, FGE, en tareas de investigación.
Actualmente, la investigación de los delitos está limitada exclusivamente a los elementos de la Policía de Investigación. Sin embargo, estos suman alrededor de 600, de los cuales solo 400 están en funciones activas, lo que limita considerablemente la capacidad de respuesta de la Fiscalía.
“Imagínense si se pudiera apoyar con la Guardia Civil Estatal, con 2,000 elementos, o con policías municipales como la de Soledad que tiene más de 1,000. Esto va a agilizar mucho los problemas que tenemos”. Esta medida ya se aplica en otros estados y a nivel federal, y ahora busca replicarse en San Luis Potosí.